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En una columna que publiqué en El Deber el lunes pasado describí algunas hipótesis que podrían explicar el todavía extraño caso del desfalco del Banco Unión. Dos de las ideas expuestas fueron que, para realizar tamaño robo, era obvio que el acusado Juan Franz Pari tuvo cómplices dentro del banco. Esos cómplices, aseguré, tuvieron que ser ejecutivos de la institución, ya que se requería de un alto nivel de influencia para dejar pasar todos los controles y permitir la sustracción de 37,6 millones de bolivianos. La segunda idea fue que éste no es un "robo común", o un "atraco" como dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, sino un hecho de corrupción que requirió para su ejecución una red delictiva.
Tanto la exgerenta del Banco Unión como el presidente Evo Morales han tenido la gentileza, después del lunes, de confirmar esas dos ideas. Marcia Villarroel señaló que "hubo complicidad" de altos ejecutivos del banco y Morales aseguró que se trata de evento de corrupción, desautorizando así al Vicepresidente.
El Gobierno suele actuar así. Cuando surge un escándalo de corrupción, su primera reacción es negarlo todo, minimizar los hechos y no hacer nada. Sucedió con el tema de las barcazas. Sucedió con el caso Zapata. Sucedió con el asunto de los taladros. Sucedió con el Fondo Indígena. Pero luego, espoleado por los medios independientes y los usuarios de redes sociales, las autoridades, de repente, dan un giro de 180 grados y, de la pasividad anterior, pasan a hacer un alboroto fenomenal. El Presidente en persona destituyó a Villarroel, le "sugirió" al nuevo gerente qué ejecutivos debería despedir y, luego, surgió la versión que 35 funcionarios del banco deberían ser investigados en total. De la actitud de García Linera y Luis Arce de que "esto es insignificante" y "no pasa nada", la percepción trocó a "nadie va a robarle al pueblo" y a acusar a gil y mil. La cosa parece ser tan seria que dos personas han sido detenidas en las últimas horas en Santa Cruz. Así que la red de implicados aparenta ser aún más grave de lo que ya parecía.
De todas maneras, dos elementos siguen siendo camuflados por las autoridades de Gobierno y la Fiscalía. El banco asegura que fueron sustraídos 37,6 millones de bolivianos, pero solo se logró requisar bienes y dinero en efectivo por 10 millones. ¿Qué pasa entonces con los 27 millones de bolivianos restantes? ¿Quién se quedó con el cambio? ¿Al ser éste un banco estatal, bajo directa supervisión del presidente Morales (lo que se demuestra en el hecho de que fue él quien destituyó a Villarroel y nombró al nuevo gerente), es posible que existan cómplices dentro del MAS o del Gobierno?
El otro asunto que no se ha aclarado es cómo es que, en un período de diez meses, una lejana y pequeña agencia rural del banco pudo mover 37,6 millones de bolivianos. El banco, o la ASFI, la otra entidad gubernamental que pone a los ratones a cuidar el queso, podrían informar oficialmente cuánto movió esa sucursal del Banco Unión en el mismo período del año anterior. No lo han hecho todavía. Ese dato sería crucial para poder comprobar, o no, que esas cifras se mueven en una agencia tan pequeña como la de Batallas, en el altiplano paceño.
Mientras el Gobierno no pueda demostrar que en Batallas se movían tantos recursos, entonces tenemos que aguzar el ingenio y explorar algunas hipótesis.
La primera es que el banco generó un esquema de corrupción en el que están involucradas autoridades de Gobierno. En ese caso, el desvío de otros fondos del banco a los bolsillos de ciertas autoridades explicaría la elevada suma (que supuestamente excede el movimiento usual de la agencia de Batallas).
La segunda hipótesis es la presentada por Franceso Zaratti en su columna de la semana pasada. Él señaló que, como no puede haber habido tanto dinero en las oficinas de Batallas, el dinero sustraído tenía otro origen y el banco solamente se había prestado a guardarlo. Si se llegara a confirmar esa opción y se conociera la procedencia de esos recursos, serían hechos que llenarían las primeras planas de los periódicos.
La tercera, ofrecida por el periodista Carlos Valverde, también debe ser estudiada: él dijo que, por lo menos en Santa Cruz, algunos ejecutivos entregaban créditos de manera irregular, contra el pago de una coima, a algunos clientes. Como esos créditos no estaban apropiadamente garantizados, algunos no pudieron ser pagados y se hizo el "hueco" de 37,6 millones. Al ser descubierto el escándalo, el banco usó como coartada, dice este análisis, a Pari, y le achacó todo el problema. En esta posibilidad, el monto defraudado sería varias veces superior a los 5,4 millones de dólares establecidos hasta ahora. Que hubieran sido acusados dos ejecutivos de Santa Cruz (localidad bastante alejada de Batallas), podría demostrar aquello.
La experiencia nos enseña, sin embargo, que después del bullicio de los primeros días, y cuando el polvo se ha decantado, unos cuantos siguen detenidos, los verdaderos responsables siguen libres y los casos no se esclarecen del todo. Es posible que con el actual suceda lo mismo. Raúl Peñaranda U. es periodista. / Twitter: RaulPenaranda1
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