Por Olvis Egüez Oliva - Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
Bolivia, constituido como Estado Social Democrático de Derecho, trasciende de una democracia formal heredada del Estado liberal de derecho, instaurada mediante la revolución francesa, para dar paso a una democracia constitucional, producto de las conquistas sociales del siglo XIX, XX, en especial en época de la pos-guerra. La democracia formal, establece los procedimientos de elección de las autoridades del Poder Público, legitimando la representación de las grandes mayorías en el ejercicio del poder (Desde la concepción clásica-formal de Michelangelo Bobera), y la democracia constitucional, representan el conjunto de límites de forma y de sustancia del ejercicio, de garantías de los derechos fundamentales, técnicas de control y reparación contra sus violaciones (Luigi Ferrajoli). Este cambio revolucionario de paradigma del derecho, modifica el papel del Juez, que bajo el paradigma ius positivista, se sujetaba a la aplicación de la ley (letra muerta), sin importar su significado, hoy el Juez tiene la posibilidad de criticar las leyes invalidas a través de su reinterpretación en el sentido constitucional o de la denuncia de su inconstitucionalidad. Siendo el Órgano Judicial, el encargado de brindar a la ciudadanía las garantías secundarias o jurisdiccionales de los derechos subjetivos (prestaciones y prohibiciones).
El Órgano Judicial como parte del Estado Plurinacional de Bolivia, nunca antes como ahora, es el único y directo responsable de construir la Administración de Justicia que todos queremos, en realidad ya no un Poder sino un servicio público acorde con los principios de la Constitución Política, postulados que son en definitiva los mismos que nuestra sociedad democrática, nos reclama y exige.
En tiempos actuales, con la crisis política absoluta, en el plano de la salud, social, económico e institucional, como Órgano judicial es importante asumir el reto de transformar estructuralmente el sistema, elaborado desde el interior de la institucionalidad y consensuados con la sociedad boliviana, que nos permita diseñar un Plan Estratégico Institucional 2020-2025.
Ahora mis colegas magistrados y todos los jueces del país, afrontamos un reto histórico, ya que contamos con toda la legitimidad para construir estructuralmente, la justicia que los bolivianos deseamos, contraria a la arbitrariedad y a la corrupción.