Seguridad
Pide que recomiende al Estado el respeto a leyes
Defensor denuncia ante CIDH casos de violación de DDHH en FFAA y Policía


Valorar esta noticia: 
sin votos aún
Jueves, 30 Octubre, 2014 - 20:25

La Defensoría del Pueblo se presentó el jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer casos de vulneraciones de derechos humanos en las Fuerzas Armadas y la Policía, referidos a temas de violencia, tortura y explotación de conscriptos. Solicitó la intervención de la  institución internacional ante el Estado boliviano.

Una comisión defensorial, presidida por el adjunto Marco Loayza, expuso la solicitud del defensor del Pueblo, Rolando Villena, ante la CIDH, que estaba representada por el comisionado José Jesús Ortega y muertos en Apolo.

Entre los casos presentados se encuentran los de Grover Beto Poma  Guanto, Ceooly Espinal Prieto, Cesar Daniel Carlos Loza, Freddy Rodriguez Uño, Alán Alí Álvarez Llusco, Luís Germán Steer Organivia, Jeannett Zulema Vargas Santos.  Del mismo modo se presentaron denuncias sobre los cadetes fallecidos en la Academia Nacional de Policía, el tema concreto de Cinthia Poma y  estudiantes “torturados” en la Escuela Básica Policial.

Según una nota de prensa del Defensor, en los casos expuestos se identificaron las vulneraciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a la prohibición de tortura, que según Villena “aún son recurrentes (principalmente) al interior de las Fuerzas Armadas”.

Villena, en su carta de presentación, informó al CIDH que desde hace más de un año buscó, sin éxito, acercamientos con el Alto Mando Militar para iniciar acciones conjuntas e integrales para garantizar el respeto a los derechos humanos en la entidad castrense y la investigación de los casos.  Asimismo, aseguró que gestionó la intervención del presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García, acción que tampoco tuvo respuesta.

Por eso “hoy hemos acudido ante ustedes como último recurso y en mérito a nuestras atribuciones y responsabilidad, ya que entendemos que las gestiones que emprendimos, en el marco de nuestras competencias, han resultado y probablemente resultarán infructuosas porque no parece haber voluntad política para afectar los mecanismos que al interior de las Fuerzas Armadas y los centros de formación policial, propician y promueven la afectación sistemática de los derechos humanos, de quienes ingresan a sus recintos para recibir formación e instrucción militar o policial”, manifestó Loayza, en la audiencia temática de la CIDH.

La demanda defensorial solicita que la CIDH “formule recomendaciones al Estado Plurinacional de Bolivia para que adopte medidas progresivas en favor de los derechos humanos en recintos policiales y militares, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos y solicite al Estado boliviano le proporcione informes periódicos sobre las medidas que adopte en materia de derechos humanos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”. 

Tras la sustentación de la denuncia, la comisión defensorial consideró que la situación que viven los conscriptos y los estudiantes en centros de formación militar y policial, en cuanto al respeto y ejercicio de sus derechos humanos, debe ser un tema de preocupación y de intervención desde las instancias responsables del Estado.

Loayza manifestó que si bien en Bolivia se habían conocido de fallecimientos no esclarecidos en los recintos militares, en marzo de 2013, la Defensoría del Pueblo de manera pública alertó sobre el incremento de estos hechos que, a diciembre del mismo año alcanzó la cifra de 16 personas, entre soldados, cadetes e incluso personal civil.

Asimismo, indicó entre el año 2011 y el 2013, la institución defensorial recibió 343 denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas. De ese total, 79 se referían a la vulneración del derecho a la integridad física, síquica y moral; 105 fueron presentadas por conscriptos y 242 estaban fundadas.  

“La preocupación de nuestra institución también fue compartida por entidades como Amnistía Internacional (Informe 2011) y se reflejaron en informes de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal (2009)”, puntualizó.

La posición del gobierno 

En la audiencia, la delegación del gobierno boliviano explicó a la CIDH los avances normativos que se lograron en el país en materia de derechos humanos, particularmente en lo que se refiere a la inclusión de los tratados y compromisos internacionales en la normativa interna.

El subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado de la Procuraduría General del Estado, Pablo Menacho Diederich, sostuvo que “gracias a los avances logrados desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, se han establecido mayores restricciones y limitaciones a los poderes de los gobernantes a través de un rígido sistema de potestades regladas”.

En ese mismo sentido, el comisionado Paulo Vannuchi aseveró que “los problemas (de las Fuerzas Armadas) existen en el marco de 500 años de colonización, dictaduras y la Doctrina de Seguridad Nacional, que se consagró por tantos años”.

Según la nota de prensa del gobierno, el comisionado James Cavallaro felicitó al Estado boliviano “por cambiar la cultura militar en Bolivia a través de la responsabilidad”.

El embajador Diego Pari informó a la CIDH sobre los esfuerzos del Estado boliviano para el descongestionamiento del Sistema Judicial. “Recientemente, la Asamblea Legislativa sancionó la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, mediante la que se pretende agilizar la tramitación de causas penales y reducir la retardación de la justicia”, dijo Pari.

Finalmente, la delegación invitó a la Comisión, especialmente a la Relatoría para Personas Privadas de Libertad, a cargo de Cavallaro, a visitar in situ a Bolivia para trabajar sobre este tema prioritario.

La audiencia se cumplió en la ciudad de Washington, DC, Estados Unidos.

 

 

 

Valorar esta noticia: 
sin votos aún