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El Procurador General del Estado, Héctor Arce, negó hoy que ejerza una acción política contra las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Zoraida Chanez, como lo habían denunciado ellas mismas.
“(Quiero) desvirtuar algunas acusaciones totalmente falsas, infundadas, que han vertido las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional en sentido de que la Procuraduría General del Estado estaría detrás de una acción política en contra de estas dos magistradas y un tercer magistrado (Gualberto Cusi). Categóricamente la refutamos como absurda, absolutamente incorrecta y la negamos de la manera más abierta y categórica”, dijo el Procurador, en una conferencia de prensa realizada en El Alto.
Chanez aseveró que, de acuerdo a sus investigaciones, la orden para procesarla salió de Arce, quien habría coordinado la suspensión con el expresidente del TCP, Ruddy Flores.
Arce recordó que el trabajo de la Procuraduría está “totalmente separado de las funciones jurisdiccionales” y que actualmente se dedica a temas como arbitrajes internaciones y la reivindicación marítima.
No obstante, el Procurador emitió su opinión personal sobre la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado que fue decidida por Chanez, Velásquez y Cusi. Sostuvo que dicha resolución “es totalmente inadmisible”.
Explicó que tanto la Ley del Tribunal Constitucional y la Ley del Procedimiento Constitucional disponen que se presume la constitucionalidad de las normas hasta que exista un fallo de inconstitucionalidad, sin embargo, la aplicación de la Ley del Notariado fue postergada por sólo la admisión de un recurso de inconstitucionalidad.
Recordó que tuvo en sus aulas de maestría a los magistrados observados y que junto a ellos analizó estas normas.
Chanez y Velásquez serán sentenciadas por un tribunal del Senado, mientras que el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que Cusi será procesado cuando salga del hospital donde se encuentra internado. (J.M.)
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