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La Embajadora de la República de Perú, Silvia Alfaro, en las últimas horas, solicitó a los medios de comunicación de Bolivia no se involucre a ciudadanos de su país en casos de narcotráfico, si no existen pruebas fehacientes, cuando fue el Gobierno boliviano quien levantó las sospechas.
La posición adoptada por la legación diplomática se produce, para contrarrestar afirmaciones de algunas autoridades bolivianas y medios de prensa sobre la participación de súbditos de la vecina nación en actos ilícitos.
“Mientras no haya más pruebas no hablemos de acusaciones sobre todo a extranjeros, sobre todo a extranjeros, en el caso de Perú a mi atañe, particularmente, porque yo creo que la prensa (boliviana) debe hacer un trabajo muy serio en, primero, corroborar la información y luego difundirla, y no al revés”, agregó Alfaro.
El 20 de octubre pasado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, vinculó a cocaleros de Apolo con supuestos narcotraficantes peruanos, en el enfrentamiento armado en contra de los efectivos de Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y que dejó muertos y heridos.
“La investigación tiene que demostrar en qué medida hay vínculos entre la gente movilizada con gente peruana que está dedicada con el narcotráfico. Se tiene que demostrar la participación de los extranjeros en esta acción criminal”, declaró.
Más elementos
El 14 de mayo, el periódico peruano La República tituló “Narcos peruanos convierten Bolivia en centro de operaciones”. El país altiplánico es uno de los principales puntos de mercadeo de la droga en el continente. Hasta allí envían cargamentos de droga las mafias peruanas que buscan elevar sus ingresos, indica.
El 26 de noviembre, el mismo viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, reveló que al menos 70 pistas clandestinas son empleadas por las avionetas que transportan narcóticos en el territorio amazónico entre Perú y Bolivia.
“Es difícil tener el número exacto de (las) pistas clandestinas (…) Por lo menos, estamos hablando de unas 70 pistas clandestinas que están en distintos puntos (de la zona fronteriza)”, señaló.
El 27 de noviembre, La República tituló: “Piloto boliviano abatido en Pasco operaba para cartel mexicano de Sinaloa”. El boliviano Ángel R. R. muerto a balazos en el enfrentamiento con la Policía, en la selva de Pasco, operaba al servicio del temido cartel del narcotráfico mexicano de Sinaloa, según las indagaciones de la Dirección Antidrogas de la Policía del Perú (Dirandro), indica.
En respuesta a esas publicaciones, Alfaro recordó que la lucha contra el narcotráfico se cumple de manera conjunta entre Bolivia y Perú, además de Brasil. Admitió además que no tiene información detallada al respecto
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