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La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) expresó su preocupación respecto a la capacidad del Gobierno boliviano de controlar el desvío de la coca a actividades ilegales, tomando en cuenta hechos como el crecimiento de la superficie cultivada y la reducción en erradicación.
La posición del organismo internacional está expresada en su Informe 2017, que fue publicado a nivel mundial este jueves 1 de marzo. El reporte fue presentado en Bolivia por el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan.
En el informe se menciona la preocupación de la JIFE debido a que la superficie total de cultivo de arbusto de coca en el país aumentó 14% entre 2015 y 2016, y la cantidad total de hoja de coca disponible para la venta en un 4%.
Asimismo, el reporte señala que la superficie total de coca erradicada anualmente en el país parece haber disminuido constantemente tras el máximo registrado en 2012.
“A la Junta le preocupa que esos acontecimientos hayan afectado negativamente la capacidad del Gobierno para controlar la disponibilidad de hoja de coca para el consumo tradicional interno y aumentado el riesgo de que la hoja de coca se desvíe para la fabricación ilícita de cocaína”, dice el documento.
La JIFE también expresó su “grave preocupación” por la normativa que entró en vigencia en Bolivia que casi duplicó la cantidad de cultivos de coca permitidos en el país. El año pasado, se aprobó la Ley General de la Coca que subió la extensión de cultivos permitidos de 12 mil a 22 mil hectáreas.
El organismo recordó que Bolivia se reservó el derecho a permitir en su territorio el uso de la coca para masticación, además de fines medicinales y culturales, pero instó al Estado Plurinacional de Bolivia, a que le facilite información estadística correspondiente a cada una de estas actividades.
“En esas previsiones y estadísticas deberán especificarse las cantidades de hoja de coca que esté previsto utilizar y las que efectivamente se utilicen en el país para los fines respecto de los cuales se ha formulado la reserva”, explicó.
En 2014, el gobierno boliviano publicó un estudio, financiado por la Unión Europea, en el cual se establece que se necesita 14.705 hectáreas de coca para cubrir el uso tradicional. Sin embargo, el estudio fue criticado porque incluía a la coca que sale del país para el consumo en su estado natural.
La JIFE recordó que la reserva de Bolivia para el consumo tradicional de la coca “se limita expresamente a las actividades realizadas dentro de su territorio”.
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