Proyecto de ley pide independencia para Defensor

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó este martes a la Asamblea Legislativa un proyecto de “Ley de la Defensoría del Pueblo”, en remplazo de la actual, a fin de garantizar la independencia de gestión de la nueva autoridad a ser elegida, y la sostenibilidad económica institucional para adecuarse a los cambios estructurales producidos durante los últimos seis años.

Explicó que una de las formas de garantizar su autonomía, es darle mayor fuerza a la obligatoriedad de las instituciones públicas de responder a las recomendaciones, es aumentar sus responsabilidades en materia de políticas públicas, educación, referidos a los derechos de las mujeres, la niñez, adolescencia y los migrantes.

El proyecto de ley plantea aumentar la facultad de acudir a la justicia, instando al Ministerio Público el inicio de acciones legales por actos u omisiones que impliquen violación de los derechos o interponiendo acciones de tutela cuando corresponda, sin necesidad de mandato específico. Actualmente sus resoluciones son más de condena moral y no son vinculantes para el área judicial.

Villena propone que la defensoría designe a representantes a nivel de todos los municipios, ante los pueblos indígenas y naciones originarias, para que tenga mayor posibilidad de asumir un rol efectivo ante la vulneración de los derechos humanos, derechos colectivos de las mujeres y situaciones de violencia.

También sugiere a la Asamblea establecer oficinas en todas las capitales de departamento, así como abrirlas en países con presencia de bolivianas y bolivianos migrantes, promoviendo la defensa de sus derechos humanos. Propone además que el Estado asuma la totalidad de los costos de funcionamiento y dejar de depender de la cooperación internacional, tal como ocurrió   desde la creación de la figura defensorial en 1997.

Dijo que su objetivo es consolidar los avances sustantivos de su gestión y que estén incorporados en la nueva normativa, que a la vez hace énfasis en la necesidad de una restructuración interna para adecuarla a los cambios producidos en el Estado Plurinacional.

El defensor que concluye su mandato de seis años el próximo 13 mayo,  dijo que el propósito es mantener y potenciar la institución, pero también la independencia de la máxima autoridad ejecutiva que será elegida, para darle mayor credibilidad sobre la base de una normativa nacional e internacional.

En su opinión la normativa actual ya está rebasa incluso la actual denominación que tiene no coincide con la Constitución Política del Estado Plurinacional, donde se denomina “Defensoría del Pueblo”, y ya no “Defensor del Pueblo”, que – según sostiene- tiene muchas restricciones e injerencias arbitrarias.