Expresión de la CIDH de constituirse en “simple caja de resonancia” de la ONG “Human Rights Watch” porque actúa apresuradamente y franco prejuzgamiento sobre los alcances del Decreto Supremo 4200 en relación a las sanciones contra las personas que desinformen en medio de la actual campaña para evitar la expansión del coronavirus.

La entidad lamenta profundamente que la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin la debida contextualización y con carencia absoluta de argumentación fáctica y jurídica, cuestione el Decreto Supremo y se pronuncie exactamente en el mismo sentido de la ONG respecto a una posible restricción a la libertad de expresión.

Asegura haber realizado un exhaustivo análisis del decreto y concluye que es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos.

Indica que los efectos jurídicos del art. 13 parágrafo II, recaen sobre la información y no sobre la libertad de expresión y pretenden evitar la transmisión de información errónea o falsa.

Asegura que el decreto no prohíbe o sanciona los juicios de valor u opiniones personales o colectivas de los ciudadanos respecto a la emergencia sanitaria y las acciones gubernamentales.

Reitera que en un estado de emergencia sanitaria por razones de salud, los derechos no son absolutos y el objetivo gubernamental es proteger la salud y la vida de todos los bolivianos con información veraz y objetiva.

Aclara además que en ninguna parte establece sanciones penales, no tipifica conductas, ni atribuye a ninguna autoridad la concesión de potestades de sanción penal.

La Procuraduría indica que el derecho a la libertad de expresión se mantiene absolutamente incólume y rige a plenitud en el país.