La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó otorgar medidas cautelares a Jeanine Añez y su hija Carolina Ribera, con lo cual cerró el caso respectivo.

“(…) teniendo en cuenta la información remitida a la CIDH por ambas partes, el expediente correspondiente a la presente solicitud de medidas cautelares fue oportunamente cerrado”, dice una nota enviada por la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum a la Cancillería.

Añez y su hija habían solicitado medidas cautelares de protección, denunciando que son objeto de persecución política y vulneración de los derechos. Después de recibir un informe del Gobierno al respecto, la CIDH cerró el caso sin emitir las medidas solicitadas por la expresidenta.

Sin embargo, la CIDH consideró importante que “el Estado continúe garantizando las condiciones dignas de detención, en cumplimiento con los estándares interamericanos mínimos en la materia”, y que se provea “atención y/o tratamiento médico físico y mental adecuado, especializado y continuo, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, buscando, en la medida de lo posible, el consenso con los médicos de confianza de la propuesta beneficiaria y su consentimiento informado”. 

“Asimismo, la Comisión considera fundamental la permanencia de aquellas medidas adoptadas para garantizar los derechos de la señora Añez, como las visitas y el acompañamiento permanente de sus familiares”, dice la carta. 

La Comisión exhortó a la parte solicitante que coopere de manera positiva con el Estado en la implementación de las medidas a favor de Jeanine Añez, “valorando, en comunicación con sus médicos de confianza y aquellos ofrecidos por el Estado, el acceso a tratamiento médico adecuado para el tratamiento de la salud física y mental”.

Aclaró, sin embargo, que esta decisión no impide que se pueda presentar una nueva solicitud.

El abogado de Añez, Luis Guillén, consideró "ecléctica" la decisión de la CIDH. Destacó, desde su interpretación, que con la decisión se conmina a que se respeten los derechos de Añez y que si no existen condiciones dentro del penal de Miraflores para tratar sus enfermedades, debe defenderse en libertad.

Consideró que la CIDH no da por cerrado el tema, porque abrió la posibilidad a que pueda volver a presentar una solicitud ante alguna nueva vulneración de derechos.