Fuente: UNITAS

En las mallas del aeropuerto internacional de El Alto, se observa a lo lejos un cartón rústicamente elaborado donde se lee “papa barata”. Al lado están apilados más de una docena de costales que contienen el producto, que son comercializados por una mujer de la tercera edad.

Ni el frío ni el intenso sol hacen que la mujer abandone su precario puesto de venta con el fin de obtener recursos para su sustento y el de su familia.

Su nombre es Hilda, tiene 64 años y la necesidad la obligó a abandonar su tierra natal y aventurarse en una metrópoli como La Paz, en un puesto improvisado en la avenida 6 de marzo de la ciudad más alta de Bolivia.

Hilda nos cuenta que las papas que vende provienen de Tarija y son producidas de forma ecológica, estas deben atravesar 16 horas de viaje hasta La Paz y el precio oscila entre 10 a 30 bolivianos la arroba. Pese a ello, asegura que muchas caseritas prefieren comprar papas del contrabando, por su bajo costo, antes que adquirir a los productores y productoras nacionales. 

El menú de alimentos que tenemos en los mercados del país es variado, pero ¿conoces el origen y legalidad de tus alimentos?,¿elegirías alimentos que ingresan al mercado mediante el contrabando por su bajo costo? 

Sabías que los alimentos que ingresan ilegalmente al país no garantizan el mismo valor nutricional y de cumplimiento de normas sanitarias por lo que implica un riesgo adquirir alimentos de contrabando.

En Bolivia se calcula que el contrabando de alimentos tiene un impacto aproximado en la economía de 400 millones de dólares americanos. Cifra que es aún mayor por el sub registro y la clandestinidad de esta actividad ilícita.

Los alimentos importados y producidos en el país deben cumplir un proceso establecido por Ley para ser comercializados,sin embargo, muchos de ellos evaden los controles aduaneros fronterizos y sanitarios, usando vías clandestinas para llegar hasta la mesa de tu hogar. 

En los últimos años, los mercados bolivianos están siendo abarrotados por al menos 30 alimentos: acelga, arveja, ají, ajo, camote, cebolla, lechuga, plátano, tomate, tunta, zanahoria, zapallo, papa, vainita, pimentón, pepino, pera, palta, pomelo, naranja, mandarina, mango, manzana, melón, membrillo, durazno, kiwi, uva, granadillas y ciruelo; introducidos ilegalmente mediante siete rutas utilizadas por contrabandistas, según datos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

¿La legislación boliviana protege el contrabando?

Con el paso de los años la legislación boliviana modificó el delito de contrabando haciéndolo cada vez más permisible y difícil de sancionar ya que el artículo 181 del Código Tributario Boliviano fue modificado en cinco ocasiones.

Antes, para que el contrabando sea considerado como un delito, el valor del tributo omitido debía superar las  10 mil Unidades de Fomento de la Vivienda (UFV’s), equivalentes a 1.337 dólares americanos. Sin embargo, en la actualidad este valor se ha incrementado en un 1.900%, lo que significa que ahora el valor debe ser mayor a las 200 mil UFV’s, es decir 69.000 dólares americanos. Cifra que según la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), hace prácticamente imposible realizar un proceso delictivo a un contrabandista.

Según un estudio de la Cainco, Bolivia tiene el monto (69 mil dólares americanos) más alto de todo el continente americano para sancionar a una persona que ingresa mercadería de forma ilegal al país, infracción que puede ser castigada con privación de libertad de cinco a diez años.

En el caso de Paraguay, si la mercadería supera los 500 dólares americanos en tributos omitidos, el infractor puede ser enviado a prisión entre cinco y 10 años; en Colombia, se castiga con la cárcel entre cuatro y ocho años a aquellos comerciantes que superen los 1.330 dólares; en Chile, si superan los 1.637; mientras  que en Ecuador se sanciona con prisión, entre tres y cinco años, a los que evadan el pago impositivo por encima de los 4.000 dólares; y en México, el castigo va de tres meses a cinco años de privación de la libertad, para aquellos que superen los 43.607 dólares en impuestos no pagados.

La lucha contra el contrabando en Bolivia debe encararse a través de tres estrategias fundamentales, según el director ejecutivo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

La primera, denominada por Rodríguez como la política del garrote, donde se debe aumentar la sensación de riesgo para los contrabandistas y “empoderar” mucho más a la Aduana Nacional.

La segunda se refiere a la política de la zanahoria, que consiste en atraer hacia la legalidad y formalidad a los contrabandistas facilitando la formalización, disminuyendo el costo y tiempo en los tramites.

La tercera es hacer una gran campaña de concienciación ciudadana para que la gente entienda que el contrabando es un mal negocio para cualquier país debido a que pone en riesgo no solo empleos, sino también a las empresas nacionales y la capacidad del Estado por la no recaudación de productos importados, asegura Rodríguez.

Pandemia y contrabando 

La pandemia, si bien fue y es una catástrofe sanitaria para la humanidad, repercutió de manera positiva en algunos aspectos principalmente en sus inicios. El primero es que se demostró que las familias de productores y productoras nacionales cuentan con la capacidad de satisfacer el mercado interno. 

“La pandemia ha posicionado la importancia de la agricultura familiar de alimentos frescos, impidiendo que la población sufra la escasez por el cierre de fronteras que frenó, en el inicio de la emergencia sanitaria, el ingreso de alimentos de países vecinos como Perú, Argentina y Chile”, aseguró Wilfredo Plata, investigador de Fundación Tierra.

De acuerdo a datos del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), en Bolivia, la agricultura familiar campesina indígena, produce el 96% de los 39 productos que conforman la canasta básica de alimentos. El 65% de los alimentos que consumimos son producidos por la agricultura familiar, apenas un 3% por la no familiar, y el restante 32% es importado.

La producción agrícola basada en un sistema productivo tradicional, es reflejada como un valor importante en la configuración del comercio justo que beneficia al país y a la población.

Sin embargo, la agricultura familiar campesina indígena es uno de los sectores que también se ve afectado por el ingreso de alimentos por contrabando. Pese al cierre de fronteras, los contrabandistas se han dado modos a través de rutas clandestinas para ingresar productos de manera ilegal evadiendo los controles aduaneros y sanitarios.

En el caso de la frontera con Perú, Desaguadero, en el puente por donde a diario pasaban cientos de personas para trasladar sus mercaderías entre ambos países, hoy se encuentra totalmente abandonado ya que la oficina de control aduanero que funcionaba en el lugar ya no presta sus servicios en este punto, simplemente cuenta con un puesto de control en el Puente Nuevo-Carangas y en Guaqui.

Por otra parte, se evidenció que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria y Seguridad Alimentaria (SENASAG), cuenta con dos funcionarios en el lugar, uno de ellos es el ingeniero Fernando Gamarra, quien afirma que no existe un control permanente por parte de la Policía y que la presencia de los militares se reduce solo a los dos puestos de control ya mencionados.

Asimismo, en la frontera no se observa ni un oficial de Policía en territorio boliviano ni peruano, lo que facilita que a tres escasas cuadras del puente fronterizo entre Perú – Bolivia, exista una ruta clandestina para ingresar a ambos países mediante botes de madera por el precio de 5 bolivianos.

En ambos territorios existen decenas de personas que se dedican al traslado de mercaderías de contrabando, unos usan la fuerza física y otros usan bicicletas acondicionadas, carritos de metal y motocicletas con carrocería conocidos como "toritos". 

El ambiente es hostil, ya que los boteros y cargadores alertan ante la existencia de cualquier cámara o dispositivo audiovisual y agreden a quien se atreva a tomar alguna imagen de la actividad ilícita que se desarrolla en la zona, bajo amenaza de decomiso.

Unos metros más allá, es donde inicia el comercio masivo de productos alimenticios, ropa, artículos de bioseguridad y otros. Muchos de los comerciantes desconocen el origen de los alimentos que comercializan. 

La papa es uno de los productos más comercializados en la zona, ya que aseguran que la papa peruana es ideal para la elaboración de papas fritas embolsadas y para acompañar el pollo y otros platos de comida rápida. 

De acuerdo a Fundación Tierra, la falta de políticas para fortalecer la producción de la agricultura familiar llevó a que las importaciones de papa se multipliquen dieciocho veces el 2016 en relación al 2006, pasando de 1.282 toneladas a 51.805 toneladas importadas. En el caso del tomate las importaciones aumentaron quince veces pasando de 467 toneladas a 6943 toneladas importadas. Y a nivel de la cebolla de no importar nada en el 2005 llegamos el 2017 a comprar 14.328 toneladas de cebolla de países vecinos.    

Es por eso que el Estado debe implementar políticas públicas que incentiven el consumo de alimentos bolivianos producidos naturalmente, lo que repercute en un crecimiento de la economía de los productores locales, beneficiando a la población con alimentos orgánicos, sanos y libres de transgénicos.

Los diseños de estas políticas públicas estructurales deben ser ampliamente analizadas y debatidas por todos los actores que intervienen en la cadena de producción de alimentos. Asimismo, por especialistas, organizaciones y activistas en seguridad y sostenibilidad alimentaria.

Bolivia no cuenta con una política pública bajo el enfoque de sistemas alimentarios sostenibles, por lo que es imprescindible sostener un debate público y democrático entre todos los actores involucrados en la cadena de producción de alimentos, asegura Juan Carlos Alarcón, miembro de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático.

Pandemia y Nutrición 

La batalla contra la Covid-19 se afronta desde los hospitales, pero las cocinas y mercados también son trincheras, porque en esos lugares es donde obtenemos los alimentos que consumimos, que pueden ayudar o perjudicar a nuestro sistema inmunológico a responder eficientemente ante el virus.

Las verduras, frutas y proteínas de origen animal y vegetal contienen vitaminas y nutrientes que ayudan a reforzar el sistema inmunológico frente a la Covid-19, ya que sabemos que la enfermedad ataca a personas con grados de sobrepeso y obesidad. Por otro lado, también la desnutrición permite al virus avanzar y dañar a los órganos rápidamente, aumentando las posibilidades de letalidad, según la doctora Gladys Bernal, nutricionista del Hospital de Clínicas de La Paz.

Otro de los efectos positivos de la pandemia es que los consumidores repensaron sus hábitos alimenticios con el consumo de verduras, frutas y proteínas de manera natural y suplementaria, todo con el afán de fortalecer su organismo para hacer frente al virus.

Varias empresas farmacéuticas comercializaron masivamente vitaminas y suplementos, ya que la población empezó a preocuparse más por la calidad y valor nutricional de sus alimentos para estar en óptimas condiciones a momento de que el virus toque su puerta. 

El confinamiento y el cierre de restaurantes obligó a la mayoría de las personas a elaborar sus propios alimentos lo que contribuyó a tener una alimentación más sana y consciente. 

Es por eso que Hilda pide a la población no comprar de contrabando sino adquirir y consumir productos nacionales y saludables, porque no contienen residuos tóxicos, ya que en su producción no se han empleado productos químicos, no tienen conservas ni otro tipo de aditamentos para su conservación.

Pero otro de los peligros de comprar productos de contrabando es que al no contar con registro sanitario pueden ser adulterados o con fecha de caducidad vencidas. “Hemos encontrado varios productos con fecha de vencimiento caducas, eso para la salud ya es un riesgo. Para el país consumir frutas, tubérculos y verduras de contrabando también es un peligro porque estos productos pueden ser portadores de plagas y enfermedades que no existen en el país”, asegura Fernando Gamarra, miembro del Senasag.

¿Y tú, qué tipo de alimentos consumes?